Colombia está buscando su camino hacia la paz, después de décadas de un conflicto, el que se dio entre las FARC y los órganos del Estado, que causó más de 200.000 muertes. Después del Acuerdo de Paz de La Habana de 2016, se vivió la ilusión de que la firma de un acuerdo, por sí sola, sería suficiente para garantizar una paz duradera y justa. No fue así. Las razones políticas que llevaron a la percepción de un fracaso del Acuerdo son muchas.
Además del desarme, el texto preveía otros pasos, como el desarrollo de la agricultura, la lucha contra el narcotráfico, la reintegración de los miembros de los grupos armados ; y, sobre todo, inversiones en el ámbito social y educativo en las zonas rurales, junto con la presencia, en estos lugares, de sujetos institucionales.
El incumplimiento *__en la implementación ha_ favorecido la ocupación de espacios destinados a las instituciones por parte de otros actores, que no han trabajado a favor de la paz. El Estado debería haber estado más presente, especialmente en las zonas rurales marcadas por largos períodos de conflictos, pero esto no sucedió. Y, como suele ocurrir, los grupos armados se han convertido en la alternativa a la ausencia del Estado.
El panorama de seguridad en Colombia ha estado históricamente marcado por la interacción compleja de diversos actores armados. Años antes del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP, se dio un proceso de desmovilización de grupos paramilitares (principalmente las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC) en el marco de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).
Si bien muchos miembros se desmovilizaron, el proceso tuvo serias falencias. Varios de sus líderes fueron posteriormente extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Sin embargo, una parte significativa de la estructura que no se desmovilizó, o que regresó a la criminalidad, se reconfiguró en nuevas bandas criminales (Bacrim). De estas estructuras surgieron organizaciones como el Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC), consideradas actualmente la mayor amenaza criminal del país, manteniendo el control de vastas rutas de narcotráfico y ejerciendo una violencia extrema.
Posteriormente, la firma del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y las FARC-EP, en 2016, buscaba un cese definitivo del conflicto. No obstante, la implementación parcial o deficiente de varios puntos del acuerdo, sumada a la presencia histórica de las Bacrim y la guerrilla del ELN, generó un vacío de poder en muchos territorios.
Este vacío fue rápidamente copado por los actores armados al margen de la ley. Tanto las disidencias que se apartaron del Acuerdo de Paz (conocidas como "disidencias de las FARC") como los grupos ya existentes, como el Clan del Golfo y el ELN, se expandieron o consolidaron su dominio en lugares estratégicos. Estos incluyen zonas ricas en minería ilegal y territorios con cultivos ilícitos, buscando garantizar el financiamiento de sus operaciones y el control territorial.
Esta superposición de actores —los paramilitares reconfigurados (como el Clan del Golfo), las disidencias que desertaron del acuerdo, el ELN, y los grupos que no firmaron la paz— ha provocado nuevas conflictividades y una intensificación de la violencia en los territorios. En este complejo escenario, la sociedad civil (líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades étnicas y campesinas) es, una vez más, la más afectada por la violencia, los desplazamientos y las violaciones a los derechos humanos.
Como lo expresé, también algunos grupos de guerrilleros rechazaron el Acuerdo en el momento de la firma o no le dieron un seguimiento concreto posteriormente, por desconfianza sobre su posibilidad concreta de éxito y el compromiso efectivo y activo por parte del Presidente Duque para su realización.
En el seno del Acuerdo se crearon tres organismos muy importantes:
En primer lugar, la "Comisión de la Verdad", instituida para investigar y aclarar las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado colombiano, con el objetivo de promover la reconciliación y la no repetición. La comisión fue clausurada el 28 de junio de 2022, con la presentación de su informe final titulado "Hay futuro si hay verdad".
Luego la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), componente de la justicia de transición para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto.
Y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD o Unidad de Búsqueda) para buscar a las personas desaparecidas, localizando a los "desaparecidos", recuperando sus cuerpos, facilitando su identificación y restituyéndolos a sus familias.
A la JEP se debe la redacción de un importante informe, publicado el 18 de febrero de 2021, en el cual se evidencia el fenómeno de los _mal llamados_ “falsos positivos”, muertes hechas pasar por guerrilleros de las Farc, pero en realidad pertenecientes a la población civil, _campesinos, a menudo jóvenes desempleados inocentes._
En este contexto de gran violencia, perpetuada por grupos armados que utilizan el dinero del narcotráfico para financiarse, emergen actores que complican el camino de la paz. Entre estos, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, grupo guerrillero que no firmó el Acuerdo de Paz. El ELN tiene una estructura más compleja que la de las FARC, descentralizada con comandos de zonas autónomos, que se enfrenta con otros grupos por el control del narcotráfico, cuyo dinero se ha convertido en el combustible de la guerra.
Esta es la dinámica de la guerra hoy. Los mismos ex compañeros que no firmaron la paz, ven a quienes la firmaron como traidores. Hoy más que nunca, quienes continúan apostando por la paz son los más perseguidos. A pesar de este clima de violencia y miedo, siguen existiendo grupos que creen firmemente en el camino de paz iniciado con el Acuerdo. Con estos, la Iglesia ha decidido caminar, poniéndose al servicio de toda posibilidad de diálogo y reconciliación.
Sobre todo en las zonas rurales, a la gente le cuesta confiar. ~Tantos presuntos amigos no se han demostrado tales.~ Las instituciones estatales que deben garantizar el respeto de los derechos humanos en ocasiones parecen desentenderse o lastimosamente han sido corrompidas. La presencia de una realidad tercera al conflicto, como la Iglesia, presente desde siempre en esas zonas también con un trabajo social, favorece la posibilidad de una reanudación del diálogo.
Uno de los grandes temas, sobre todo entre quienes continúan apostando por el camino de paz, es el de la búsqueda de los desaparecidos. La institución encargada de ello es la UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, que busca a las personas desaparecidas en el marco del conflicto de antes de diciembre de 2016, agencia estatal que demasiadas veces ha visto frustradas sus esperanzas en la busqueda por ese lastimoso resurgir de un conflicto en territorios donde no se aprovechó por oarte del estado ese momento de gracia que dió el acuerdo y que si lo supieron aprovechar otros grupos al margen de la ley.
Como Iglesia, sabemos que no puede haber ninguna reconciliación sin la búsqueda de la verdad; y que la búsqueda de las personas desaparecidas forma parte de este camino de verdad. Por ello, con la Diócesis de Palmira, hemos decidido apoyar activamente el trabajo de la Unidad de Búsqueda, también poniéndonos a disposición para acompañar a las familias en el gran dolor que conlleva la búsqueda, pero también en el momento del hallazgo a la hora de realizar las "entregas dignas".
Yendo a celebrar la Eucaristía en las zonas rurales, hemos comenzado a hablar a las personas de la importancia de buscar juntos la verdad. Son muchísimas las familias que aún buscan a sus desaparecidos: madres de personas que han participado en grupos armados, madres de soldados, madres y padres de personas procedentes de estas zonas. La Unidad de Búsqueda busca a todos, independientemente del grupo al que pertenezcan. El hecho de la Unidad de Busqueda, ser acompañada por la Iglesia ha hecho más fácil, para la gente, percibirla como una agencia de naturaleza humanitaria y no una más que llega y se va sin que suceda nada.
Es evidente que los protagonistas de este proceso de búsqueda deberían ser las víctimas. Así se han unido un grupo de mujeres llamado Las Madres Buscadoras, que opera en el Valle del Cauca y en varias partes de Colombia, que han venido trabajando incansablemente por encontrar a los desaparecidos. Así como se ha involucrado Reencuentros, una organización de firmantes del Acuerdo de Paz y una organización de comparecientes de la Fuerza Pública.
Los investigadores de la Unidad de Búsqueda se han puesto a trabajar en el Valle del Cauca, con su propio método de investigación que consiste en utilizar información proporcionada por personas de las comunidades, por los miembros de la Fuerza Pública y de los grupos de los firmantes, para luego cruzar los datos recogidos. Confrontando la información obtenida con los registros presentes en los cementerios, los investigadores comenzaron a darse cuenta de que, en ese contexto de la guerra, muchas personas víctimas del conflicto, señaladas como desaparecidas, eran sepultadas en los cementerios como no identificadas. Y que muchas personas desaparecidas, probablemente más de 600, estaban sepultadas en el cementerio de Palmira.
Ese cementerio es crucial porque Palmira es la segunda ciudad el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali. En Palmira, el cementerio alberga a los difuntos de muchas zonas rurales y ciudades cercanas. En Palmira se encuentra una unidad de medicina legal, destinatario de los muertos del conflicto.
Llegados a este punto, entendimos que era necesario empezar a trabajar juntos, con todas las personas que estaban buscando a sus seres queridos y que quizás los encontrarían sepultados allí, en Palmira. Empezamos a preguntarnos: estas personas que se dispararon durante la guerra, ¿cómo las uniremos para trabajar juntas? Se necesita un espacio de trabajo común en el que se pueda expresar el deseo de que ciertos hechos no se repitan y que pueda facilitar el reconocimiento de la humanidad de la otra persona.
Comenzamos también a proyectar y realizar un TOAR (Trabajos, Obras o Actividades con Contenido Reparador o Restaurador, un mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, donde comparecientes: excombatientes, agentes del Estado, terceros) realizan tareas de reparación para víctimas y comunidades, como proyectos ambientales, infraestructura, memoria histórica o desminado, a cambio de beneficios en su sanción, buscando la reconciliación y reconstrucción social. Esta obra material para construir juntos, serían unoa osario que llamamos repositorios de memoria, que más que una obra material sería una excusa para trabajar juntos y crear un espacio donde surgiera la reconciliación.
Para empezar a trabajar juntos, se necesitaron dos años de encuentros, también con psicólogos, con personas que siguieran las cuestiones legales, para aprobar el TOAR anticipado ante la JEP y luego con los diversos grupos de los participantes en este proceso. Y en ese proceso tambien tuvo su espacio la dimensión espiritual, porque cada persona, independientemente del credo que profesaba, tenía necesidad de reflexionar sobre el sentido, para iniciar un camino de reconocimiento de la humanidad de los otros, también ellos sufrientes, también ellos personas.
Todos hemos comenzado a trabajar con una necesidad de reparación, de reconciliación; con un deseo de no repetición. El objetivo de este grupo se identificaba con el lema "Nos juntamos hasta encontrales, solo desaparece quien se olvida."
Poco a poco, en este trabajo común, durante estos diálogos restaurativos, comienza a emerger el dolor recíproco, y con ello la conciencia de que los otros son padres y madres como yo, que todos somos víctimas, no verdugos. Entre los participantes comenzó a tomar forma una comunidad. Mientras tanto, seguían emergiendo historias de muchachos muy jóvenes reclutados para la guerra, de ambas partes. Las reuniones de trabajo conjuntas siempre se han llevado a cabo allí, en el cementerio, con nosotros presentes para ayudar a que las tensiones que pudieran surgir no interrumpieran el camino.
A medida que se construían osarios, que fueron frutos de un coodideño de las partes, se convertían en repositorios de memoria, y así empezamos a llamarlos. ¿Por qué debemos recordar? Para no repetir. De esta conciencia partieron los recorridos de la memoria: relatos que ayudados por el teatro y el arte de lo que sucedió, se realizan con instituciones educativas, universidades y otros grupos humanos.
¿Cuáles son los factores que están permitiendo este camino de reconciliación? El punto de partida es ciertamente que muchas personas y grupos se han comprometido de verdad a respetar el Acuerdo y a no querer volver a la guerra. Se han tomado el Acuerdo en serio y no se han rendido ante la desconfianza generada por ciertos enfoques tibios por parte de los gobiernos. Para muchos, este camino ha constituido la alternativa a la justicia ordinaria. También para los grupos de oficiales y de revolucionarios que se han presentado ante la JEP, lo que representaba este camino de justicia restaurativa estaba claro: el aporte a la verdad, la no repitición y la restauración, son la gran alternativa frente a un sistema judicial ordinario que lo único que deja es impunidad. Era un espacio dado a la verdad, a la construcción, al reconocimiento recíproco y al perdón.
No es fácil hacer comprender todo esto. Muchas personas piden condenas ejemplares, penas larguísimas, pero esto no añade nada a la verdad, que es el objetivo de este camino de justicia restaurativa. El tema no es solo el castigo para quien cometió el crimen, sino también el aporte a la verdad, el compromiso con la no repetición y también una restauración. Por eso se llama camino restaurativo: ofrece la posibilidad de restablecer lo que las personas en causa han hecho, aunque sea simbólicamente. No se puede restablecer la vida de un padre o de una madre asesinados, pero esta justicia reparativa debe estar presente en el ámbito de un acuerdo de paz, esto en verdad, es lo más parecido al evangelio de Jesús.
En este camino, la presencia de la Iglesia ha traído confianza. Ha recordado que el bien común no puede estar por debajo de los intereses políticos individuales, tan difundidos en un contexto fuertemente polarizado como Colombia. Independientemente de las banderas, es necesario ponerse a trabajar por ese bien superior representado por la paz.
Muchos, durante el proceso, se han sorprendido al empezar a ver como persona "aquel con el que intercambiaba disparos en la montaña". Lo que nos ha dado la fuerza para estar dentro de tanto dolor es la conciencia de que este es el lugar de la Iglesia. No el de ser una parte, no estar entre los que piden 200 años de cárcel para un guerrillero o un oficial.
En el cementerio de Palmira queremos colocar una reproducción del Cristo de Bojayá. Bojayá era un pueblo donde, durante un ataque que formaba parte de las represalias de las FARC y de las fuerzas paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) por tener el control del territorio, un cilindro bomba lanzado por las FARC-EP cayó sobre una iglesia donde se habían refugiado muchísimos civiles, en gran parte mujeres y niños. Este ataque causó la muerte de cerca de cien personas. Cuando se buscaron los restos, la única cosa que se encontró fue un Cristo con el busto intacto y los miembros rotos. El párroco de la época recogió el Cristo y, cuando el Papa Francisco vino y tuvo un encuentro en Villavicencio con las víctimas y los responsables del conflicto armado colombiano, se lo llevó. El Papa Francisco lo llamó “el Cristo roto”, el Cristo de las víctimas.
Las víctimas hoy no son solo los muertos, o quienes han perdido a sus seres queridos, sino también todos aquellos que siguen creyendo en el camino de la paz. Tantas veces hemos escuchado afirmaciones del tipo "quien está en la selva pierde la perspectiva de una posible salida de la guerra. Pero cuando estamos aquí y vemos al otro, vemos un hombre, un campesino como nosotros. Pobres colombianos que matan a otros pobres colombianos”. O otros contar: "cuando me miro con este compañero, ¿quién es? Somos campesinos que se matan entre ellos."
Este es el perverso círculo de la guerra. Por eso el centro de nuestro trabajo está en reconocer la humanidad del otro. Cuando el otro es reconocido como hombre, independientemente del grupo al que pertenezca, decimos: "él o ella es un ser humano como yo."
El único modo para generar una comunidad es el trabajo conjunto, hecho de encuentros y acciones reparativas. La firma de un acuerdo de paz no genera automáticamente una comunidad, no genera reconciliación. La reconciliación es el nivel más alto al que el perdón puede llegar. Nosotros insistimos en el hecho de que el perdón del otro es ante todo una necesidad personal. El perdón lo damos para sanarnos a nosotros mismos, independientemente de que el otro me lo pida.
Muchas personas en Colombia y en el mundo, por intereses económicos y políticos, no quieren que el susurro de la paz sea más fuerte que el de la guerra. Por esta razón, este trabajo por la paz no se difunde. Hay un gran clamor en torno al guerrillero que ha renegado del Acuerdo y ha vuelto a combatir. Pero no sobre el trabajo por la paz.
Para nosotros, como Iglesia, este trabajo nos recuerda que el cristianismo es humanidad verdadera y que el Evangelio es la verdadera fuente de todo derecho humano. Aquí tocamos la carne viva de Cristo que está en los contextos a los que el Papa Francisco mismo nos ha mandado: para ir a todos, para escuchar a todos, para ir a las periferias, que no son solo geográficos sino existenciales. Estas son las periferias existenciales de hoy.
